La potestad sancionadora y su relación con los principios constitucionales en los administrados en el distrito de Calleria, 2023

Abstract

El objetivo primordial de la investigación ha sido analizar en qué medida la potestad sancionadora tiene relación con los principios constitucionales en los administrados en el distrito de Callería, 2023; la potestad sancionadora tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, las sanciones pueden ser aplicadas en casos de incumplimiento de deberes formales, como la presentación tardía de declaraciones o la omisión de información relevante; siguiendo esa dirección la investigación tiene la intención de conocer en qué medida la potestad sancionadora bajo el principio de legalidad tiene relación con el poder inherente al de gobernar en los administrados, la aplicación de sanciones de forma legal y legítima es una manifestación del poder inherente al acto de gobernar en un Estado de derecho. Por otra parte, se procura establecer en qué medida la potestad sancionadora bajo el principio de razonabilidad tiene relación con la capacidad de exigir coactivamente su cobro a los administrados y finalmente analizar en qué medida la potestad sancionadora bajo el principio de tipicidad tiene relación con la expresión del poder del Estado en los administrados en el distrito de Callería, 2023. La conexión entre la metodología de investigación y el objetivo de estudio radica en el deseo de obtener un mayor nivel de profundidad y exploración sobre la potestad sancionadora y los principios constitucionales, por medio de la utilización de un enfoque cuantitativo y transversal, se busca llevar a cabo un diseño de investigación no aplicado con características objetivas. Los resultados adquiridos revelan que la potestad sancionadora tiene relación con los principios constitucionales en los administrados en el distrito de Callería, 2023. Conclusión, la potestad sancionadora de los administradores está seguramente ligada a los principios constitucionales que garantizan el estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales de los administradores.