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    Politicas del estado sobre el ambiente y los delitos de contaminación por empresas privadas en la provincia de Coronel Portillo entre los años 2013-2016
    (Universidad Nacional de Ucayali, 2018) Huaman Andres, Namer Simeon; Morote Mescua, Jesús Alcibiades
    El Estado Peruano preocupado por el problema ambiental que afecta al mundo y como parte de la Conferencia de las partes a implementado el Ministerio del Ambiente a la par de un conjunto de normas para regular el actuar de estas instituciones; nuestra preocupación por el presente trabajo nace porque existe un desinterés de los funcionarios en hacer cumplir las políticas públicas establecidas en este marco por ejemplo La Política Nacional del Ambiente tiene como marco normativo el artículo 67º de la Constitución Política del Perú y concuerda con la legislación que norma las políticas públicas ambientales. Esta política es uno de los principales instrumentos de gestión para el logro del desarrollo sostenible en el país y ha sido elaborada tomando en cuenta la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio formulados por la Organización de las Naciones Unidas (Objetivo 7.- Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente) y los demás tratados y declaraciones internacionales suscritos por el Estado Peruano en materia ambiental. En tal sentido, en base al proceso de integración de los aspectos sociales, ambientales y económicos de las políticas públicas y la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones, la Política Nacional del Ambiente es un instrumento de cumplimiento obligatorio, que orienta las actividades públicas y privadas. Asimismo, esta política sirve de base para la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de gestión pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. La Política Nacional del Ambiente considera los lineamientos de las políticas públicas establecidos por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las disposiciones de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, no están siendo implementadas por los responsables; aseguramos que esta negativa por parte de los funcionarios obedece a intereses políticos y económicos, al igual que al alto nivel de corrupción que existe en nuestro País, sobre todo en la Provincia de Coronel Portillo tal como lo mostramos en los datos obtenidos en las encuestas aplicadas. La motivación de nuestro trabajo es sensibilizar a los actores sociales a implementar estas acciones con trabajos concretos y que realmente tengamos resultados positivos frente a la deforestación de nuestros bosques primarios, el derrame de petróleo y la emisión del dióxido de carbono que no solo son graves problemas de la provincia sino que son problemas mundiales y el compromiso de las NACIONES UNIDAS es controlar y disminuir.